Tras un inicio de clases con medidas de fuerza en los distritos más grandes del país, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, no descartó volver a convocar una nueva reunión con los representantes sindicales de los docentes pero "no para hablar de salarios" porque "la discusión salarial está cerrada y pasó a las provincias". Sileoni recordó que la paritaria nacional docente "es sólo orientadora de un salario" y puntualizó que se buscó "que nadie esté por debajo de un piso de dignidad, de 2.800 pesos". Además, destacó que a los docentes "ni siquiera se les ha pedido un sacrificio sino que, simplemente, se atienda el contexto internacional para que formulen demandas sensatas".
El ministro lamentó "la incomprensión de algunas organizaciones gremiales ante la situación actual y del contexto internacional, que muestra en otros países un contexto de crisis, de reducción de plantas docentes y congelamiento de salarios con más horas de trabajo". En ese sentido, resaltó que el país vivirá un año que "de ningún modo es crítico pero que invita a la moderación".
Luego recordó, en diálogo con Continental, que el gobierno ofreció un 20 por ciento de aumento, que incrementa el salario en 500 pesos por sobre los 2.300 que cobraban en 2011, lo que representa una inversión del Estado de 750 millones de pesos."Ante la crisis global, ofrecer un aumento de salario que defiende el poder adquisitivo nos parece muy digno, muy sensato", dijo y lamentó las "expectativas desmedidas" del sector porque "no hay razón para pedir el 30 por ciento o, como ocurre con uno de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, el 35 por ciento de aumento".
Además, el titular de la cartera de Educación recordó que los sueldos docentes "han crecido desde 2003 sobre los valores corrientes o constantes" y sostuvo que "es uno de los salarios que más aumentó con respecto a cualquier pauta inflacionaria".
Resaltó luego que las provincias de Buenos Aires y el Chaco "son las que más destinan a Educación" e indicó que la diferencia de 200 pesos entre lo que ofrecen las autoridades bonaerenses y lo que reclaman los representantes de los maestros "son millones de pesos que las administraciones provinciales no están en condiciones de afrontar".
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